MÉXICO, D. F., (apro).- Los presidentes nacionales de los partidos PAN y PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano respectivamente, anunciaron hoy que interpondrán una denuncia formal ante la procuraduría General de la República (PGR) en contra del candidato presidencial el PRI, Enrique Peña Nieto, por el presunto delito de lavado de dinero.
En conferencia de prensa conjunta realizada en el Hotel Marriot de Reforma, ambos líderes partidistas anunciaron que solicitarán formalmente a la titulard e la PGR, Marisela Morales, que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) realice las investigaciones necesarias para esclarecer el origen de los recursos usados por Monex en los 90 días de campaña presidencial.
“En esto estamos unidos, en la exigencia de que se aclaren las denuncias. Pedimos que se supere el secreto bancario y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicite informes del manejo de estos recursos y se amplíe la investigación a retiros en efectivo realizados por gobiernos estatales en 90 días del proceso electoral”, destacó Madero.
El panista anunció que alrededor de las 11:45 de la noche del miércoles sus representantes ante el Instituto Federal Electoral (IFE) presentaron una solicitud para que el tema denunciado por ambos partidos, sobre el ilegal manejo de recursos por parte de Grupo Financiero Monex sea tratado como parte de la agenda del Consejo General del IFE.
Y pidieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que investigue y aclare las denuncias por presunto lavado de dinero antes de calificar la elección presidencial.
“Esto debe atenderse, clarificarse, antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita una sentencia para calificar el proceso electoral porque todo parece indicar que lo que se ha llamado el Monexgate, apesta”, destacó Zambrano.
Ambos dirigentes nacionales destacaron que estos puntos forman parte de los acuerdos conjuntos para exigir al TEPJF se investiguen las denuncias presentadas antes, durante y después de la elección presidencial del 1 de julio por la presunta triangulación de recursos destinados a la campaña priista.
Madero recordó que la primera quincena de junio pidieron al IFE que congelara las cuentas de Monex porque había manejo ilícito de dinero, pero no fue aceptado por los consejeros electorales.
“Hemos sido muy claros. El PAN ha presentado más de 20 impugnaciones. Denuncias de irregularidades en el manejo de recursos por parte del PRI en esta campaña. Esto debe ser aclarado”, consideró Madero, quien descartó que su partido actúe de manera contradictoria al aceptar los resultados del proceso electoral que le dan el triunfo a Peña Nieto pero, a la vez, admitir la presunción del delito de lavado de dinero en la campaña para comprar votos a favor del priista, lo cuál pudo impactar en el resultado.
“Una cosa es la jornada electoral, otra el cómputo de las actas y otra las denuncias presentadas sobre el manejo de recursos a favor de la estructura del PRI. El IFE reconoce la existencia de tarjetas y recursos y los liga con el PRI y con Enrique Peña Nieto. Hay materia para investigar. Es un tema que nos compromete a todos”, consideró el panista.
En su opinión, el país vive un momento postelectoral que pondrá a prueba al gobierno federal, a los partidos políticos, a los tribunales, a las autoridades encargadas de impartir justicia.
“Yo soy un demócrata y confío en que actuaremos así para evitar que este tipo de prácticas se continúen en el futuro”, enunció.
Caso Monex
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se encubre el origen de los fondos generados por el ejercicio de actividades ilegales o criminales, ya sea narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y terrorismo.
El objetivo es que los activos obtenidos por medios ilícitos circulen sin problema en el sistema financiero, justificados como producto de actividades legales.
El asesor jurídico de Movimiento Progresista, la coalición de la izquierda que postuló a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, Jaime Cárdenas, explicó el miércoles cómo los priistas cometieron este delito para financiar la campaña de Peña Nieto y demandó la invalidez porque no puede calificarse una elección que es financiada con recursos ilícitos.
El equipo de Cárdenas detectó tres empresas que participaron en la triangulación de fondos: Comercializadora Atama, Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan, así como un particular: Rodrigo Fernández Noriega. Estos transfirieron recursos millonarios a Monex que, a su vez, facturó a las empresas Inizzio y Efra. Del 18 de abril al 24 de mayo Monex facturó 108 millones 200 mil 764 pesos con 29 centavos y recibió una comisión por estas transferencias de alrededor de 1 millón de pesos.
La operación no sería irregular si no fuera porque las empresas, todas, tienen algo en común: comparten los mismos accionistas y los mismos comisionarios.
Inizzio y Atama se constituyeron el 27 de octubre de 2006, el mismo día y ante el mismo notario, el 165 del Distrito Federal: Carlos Alberto Sotelo Regil. Los accionistas, de ambas empresas son: Ramón Paz Morales y Juan O. Fragoso Oscoy. Alejandro Pérez Lizárraga es el apoderado legal. Paz Morales y Fragoso Oscoy, quienes de 2007 a 2010 reportaron ganancias por más de mil millones de pesos, se presentan como obrero y empleado, respectivamente.
Koleos y Tiguan fueron formadas el 11 de septiembre de 2008, ante el mismo notario, el 44 del Distrito Federal, Carlos Hermosillo Pérez. Sus accionistas son Juan A. Hodrogo Guerra y Luis Vivero Balero. El apoderado legal es Demetrio Jordem Sabat. Tiguan actuó como empresas de servicios para Eruviel Avila Villegas cuando fue candidato a gobernador del Estado de México –elección en la que ganó–. Adquirió pulseras, relojes, cubetas, entre otros enseres por 2.5 millones de pesos, pero facturó sólo 72 mil pesos, dijo Cárdenas y afirmó tener las pruebas.
En el caso de Efra, la empresa cuenta con dos cédulas fiscales. El particular Fernández Noriega depositó a Monex 3.5 millones de pesos.
Estos datos forman parte de la denuncia que presentaron ante el TEPJF para que se investigue. “Estamos hablando de un rebase de topes de campaña de más de 4 mil 200 millones de pesos, cuando el tope de gastos de campaña era de 336 millones de pesos, por lo que la consecuencia jurídica debe ser la invalidez de la elección presidencial, porque se violentó el principio de equidad, previsto en el artículo 41 constitucional”, indicó.
